México vive un inédito proceso: desde hace algunos meses se libera paulatinamente a cientos de prisioneros, beneficiados con las reglas del nuevo sistema de justicia penal.
La gubernamental Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estima que en los próximos seis meses entre 45.000 y 50.000 reos podrán alcanzar su libertad.
Son personas que enfrentan juicios por delitos no graves, o que fueron sentenciadas a penas menores por esa causa.
Las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio pasado, establecen que sólo los inculpados de delitos graves deben enfrentar los juicios en la cárcel.
Es una clara diferencia del anterior sistema penal donde la prisión preventiva se aplica a prácticamente todos, incluso quienes por hambre robaban un pan o una lata de atún.
Presunto inocente
El principio básico del nuevo sistema judicial es que los acusados de cometer un delito son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Esto, que en muchos países es normal, no ocurría en México, donde la mayoría de los jueces ordenaban el encarcelamiento del inculpado.
Uno de los argumentos más frecuentes era evitar la fuga de los procesados.
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El investigador Zepeda Lecuona afirma que de las 97.000 personas en prisión preventiva para enfrentar un juicio, el 70% "robó menos de 2.000 pesos (US$102) y sin violencia".
Los inculpados, si son sentenciados, reciben una condena menor a un año de cárcel que se conmuta por una multa de 800 pesos, unos US$41.
En cambio la investigación y captura del inculpado cuesta en promedio 12.000 pesos (US$615), y el proceso penal 14.000 pesos, unos US$717.
Isabel Miranda, activista mexicana
Fundadora de la organización Alto al Secuestro, aseguran que aumentará la violencia con estas excarcelaciones.
El problema, dice, es que las prisiones mexicanas no rehabilitan a los internos, y en muchos casos los detenidos por primera vez están en contacto con delincuentes de alta peligrosidad.
Actualmente en las 386 prisiones estatales y federales del país existen 254.000 internos, según datos de la Secretaría de Gobernación.
Esos datos señalan que de las 372 cárceles de nivel estatal que hay en el país, en el 75% coexisten acusados de delitos comunes y federales, como la delincuencia organizada.
Fuente: http://www.bbc.com/
